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DERECHO CIVIL

Los abogados civiles son personas especializadas en Derecho Civil. Sus funciones principales hacen referencia a la reclamación de deudas económicas, herencias y sucesiones, responsabilidad civil contractual o extracontractual y conflictos que puedan surgir en el seno de una familia (divorcios, filiación, custodia de menores…). Se encargan de defender los derechos e intereses de las personas físicas o jurídicas.

El Derecho Civil se encarga de regular las cuestiones relativas a los derechos de las personas, su patrimonio, las relaciones personales y de familia y las relaciones entre particulares. Toda la información referente a esta área del derecho está recogida en el Código Civil.

El Derecho Civil es una rama del derecho privado y su finalidad es preservar los intereses patrimoniales y morales del sujeto al que representa. Sus principios regulan, ordenan y facilitan las relaciones sociales.

El Derecho Civil se divide en cuatro grandes ramas:

Parte general: el derecho subjetivo en general, la nacionalidad, el domicilio y la adquisición y extinción de la personalidad civil.

Derecho de obligaciones y contratos: responsabilidad contractual y extracontractual, régimen jurídico general y especial de las obligaciones y los contratos.

Derechos reales: propiedad y posesión, derechos reales de goce, de adquisición preferente y de garantía, y derecho hipotecario.

Derecho de familia y sucesiones: regulación del matrimonio, relaciones entre los progenitores y los hijos, derecho de alimentos, herencias y distintos modos de suceder.

DERECHO DE FAMILIA

Los derechos y deberes familiares se basan en fomentar el bienestar físico y emocional de los hijos y cada miembro de la familia debe ser consciente de los deberes y responsabilidades que se esperan de él o ella.

  • Proporcionar un ambiente y un entorno seguro.
  • Satisfacer las necesidades básicas del menor: alimento, sustento, asistencia médica, educación…
  • Proporcionar apoyo emocional, psicológico y moral.
  • Involucrarse en la educación del niño.
  • Enseñar valores y desarrollar el respeto mutuo.
  • Transmitir las normas sociales y culturales al menor.

Las responsabilidades de ambos progenitores son iguales a efectos de la ley y ambos están obligados a velar por sus hijos.

Los abogados matrimonialistas son profesionales de derecho cuya función principal es representar y asesorar a las personas que han iniciado un proceso de divorcio o separación.

Deben buscar las soluciones más beneficiosas en función de las necesidades o circunstancias personales de cada pareja o familia. Se encargan de establecer un reparto equitativo y justo de los bienes y propiedades que posee la pareja.

También deben prestar especial atención a las necesidades de los hijos, velando siempre por sus necesidades: custodia, pensión alimenticia, régimen de visitas…

Muchas parejas convierten el divorcio en un verdadero campo de batalla. No cooperar es innecesario, puesto a que si alguien no quiere estar más con nosotros, simplemente no lo hará. Nadie gana en el conflicto y los casos resueltos en los tribunales pueden ser cansones, costosos y hasta dolorosos.

En vez de llevar un trabado proceso judicial que quita tiempo y dinero, lo mejor es conversar y establecer acuerdos con tu ex pareja. El divorcio express parte de la existencia de un previo acuerdo entre las partes.

Y seguramente te preguntaras… ¿Por qué es más barato? ¡La respuesta es sencilla! Porque para realizarlo, ambas partes necesitan la asesoría jurídica de un solo abogado que sirve de mediador y de un solo procurador.

Todo depende de las dificultades propias de cada caso. La diferencia económica puede ser notoria entre un divorcio de mutuo acuerdo y un divorcio contencioso, ya que en el caso de la separación de mutua acuerdo es posible compartir abogado y procurador.

En cambio el coste del divorcio contencioso es elevado porque cada parte debe contratar a su propio abogado. Además, el valor del servicio sube cuando el proceso conlleva mayores trámites y complicaciones. Por eso lo mejor es tratar de llegar a un acuerdo en las condiciones que regularán la situación de la ex pareja y de los menores.

Mediante la sociedad de gananciales, se hacen comunes para los cónyuges las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos, que les serán atribuidos por mitad al disolverse aquella. Los bienes privativos anteriores al matrimonio o los adquiridos con posterioridad con esta calificación (herencia, donación…), continuarán siendo privativos.

En el régimen de separación de bienes, pertenecerán a cada cónyuge los bienes que tuviese en el momento inicial del mismo y, los que después adquiera por cualquier título, así como la administración, goce y libre disposición de tales bienes.

La mediación familiar es un proceso de gestión de conflictos originados en el seno familiar que se lleva a cabo a través de la intervención de una tercera persona, llamada mediador/a. La finalidad de este proceso es llegar a los acuerdos más satisfactorios entre los miembros implicados de la familia para evitar llegar a la instancia judicial.

El mediador ofrece asistencia y orientación a los miembros de la familia, y facilita la comunicación entre las partes implicadas para evitar perjudicar emocionalmente a los miembros más frágiles de la familia, los niños.

El convenio regulador es un documento en el que los cónyuges recogen las condiciones y obligaciones tras una separación o divorcio. Su contenido se pacta de mutuo acuerdo y es de obligado cumplimiento tras la ruptura matrimonial.

Se debe recoger en este documento, como mínimo, las medidas relativas a los siguientes aspectos:

  • Custodia de los hijos y régimen de visitas.
  • Pensión compensatoria y pensión de alimentos a los hijos.
  • Atribución de la vivienda y el ajuar familiar.

El convenio regulador debe ser aprobado por un Juez.

El divorcio implica la disolución del vínculo matrimonial tras una sentencia judicial. En ella se pone fin a la sociedad común de bienes y se determina que cónyuge posee la custodia de los hijos menores, cuánto debe abonarse en concepto de pensión de alimentos y cómo organizar el uso de la vivienda familiar.

Los procedimientos de divorcios se tramitan en un Juzgado y se pueden desarrollar de mutuo acuerdo o de forma contenciosa:

  • Divorcio de mutuo acuerdo: ambas partes, asesoradas por un abogado, llegan a un acuerdo dentro del marco legal establecido sobre el convenio regulador que va a regir el divorcio. Ese acuerdo, una vez aceptado por ambas partes, se lleva ante el juez encargado de tramitar el divorcio.
  • Divorcio contencioso: los dos cónyuges no llegan a un acuerdo previo sobre el convenio regulador. Se trata de un proceso largo y costoso que requiere de un abogado y procurador.

El mediador ofrece asistencia y orientación a los miembros de la familia, y facilita la comunicación entre las partes implicadas para evitar perjudicar emocionalmente a los miembros más frágiles de la familia, los niños.

Patria Potestad, Guardia y Custodia, Régimen de visitas en relación al progenitor con el que no convivan, en relación con los hijos menores de edad.

  • Regulación de la pensión de alimentos.
  • Uso y disfrute de la vivienda familiar.
  • Pensión compensatoria en caso de haberla.
  • Reparto del ajuar, bienes muebles y enseres personales.
  • Liquidación de la sociedad de gananciales, en caso de ser el régimen económico del matrimonio.

Las custodias de hijos menores de edad pueden ser monoparentales (exclusiva) o compartida.

  • Custodia monoparental o exclusiva: se ejerce por uno solo de los progenitores y será quien se encargue del cuidado cotidiano de los hijos, correspondiéndole a la otra persona un régimen de visitas.
  • Custodia compartida: se ejerce por ambos progenitores y los hijos conviven con ambos durante periodos de igual duración estableciendo estancias alternas de acuerdo con los periodos establecidos (semanales o quincenales).

Se incluye en la pensión de alimentos todo lo indispensable para el mantenimiento, vivienda, vestido y asistencia médica de la persona alimentada, así como los gastos para la formación si esta es menor y para la continuación de la formación, una vez alcanzada la mayoría de edad, si no la ha terminado antes por una causa que no le es imputable, siempre y cuando mantenga un rendimiento regular.

Se incluye en la pensión de alimentos todo lo indispensable para el mantenimiento, vivienda, vestido y asistencia médica de la persona alimentada, así como los

Como regla general, y si no hay una resolución que así lo establezca, la pensión de alimentos se ingresará directamente al progenitor custodio. Una vez alcanzada la mayoría de edad, si existe acuerdo entre los padres o así lo establece un Juez, podrá ingresarse directamente en la cuenta del hijo o hija.

El abono de la pensión de alimentos es una de las principales obligaciones tras el divorcio con hijos menores, incapacitados o económicamente dependientes y no puede dejar de pagarse de forma voluntaria.

Si en un momento determinado, el obligado a pagar la pensión alimenticia sufre una mala situación económica que hace insostenible el pago de la pensión acordada o impuesta, debe acudir a un procedimiento judicial de modificación de medidas para modificar la misma.

En dicho procedimiento deberá acreditar que han cambiado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta en su día para fijar la pensión de alimentos anterior.

La pensión compensatoria es un derecho personal del cónyuge que, ante la ruptura del matrimonio, se encuentra en una situación de desequilibrio económico con respecto a su situación durante la convivencia. La pensión compensatoria se extingue por las causas siguientes:

  • Por mejora de la situación económica del cónyuge beneficiario del uso o por empeoramiento de la situación económica del otro cónyuge, si eso lo justifica.
  • Por matrimonio o por convivencia marital del cónyuge beneficiario del uso con otra persona.
  • Por el fallecimiento del cónyuge beneficiario del uso.
  • Por el vencimiento del plazo por el que se estableció o, en su caso, de su prórroga.

Para iniciar un proceso de modificación de medidas es necesario que hayan cambiado las circunstancias que se analizaron en el momento de establecer las medidas originales tras el divorcio.

  • Cambios en la vida de los progenitores: variaciones en ingresos, nuevos hijos, enfermedades, cambios de vivienda, nuevas condiciones laborales…
  • Cambios en la vida de los hijos: que se hagan más mayores o cambie su voluntad.
  • La separación se produce cuando los cónyuges deciden interrumpir temporalmente su matrimonio. En caso de separación no se puede contraer matrimonio por lo civil con otra persona.
  • El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial. En este caso, si se puede contraer matrimonio por lo civil con otra persona.
  • La nulidad matrimonial se produce cuando se declara no válido el matrimonio. Existen diferentes tipos de nulidades y causas para la nulidad matrimonial.
  • En los procedimientos de mutuo acuerdo son los propios cónyuges, quienes, con el asesoramiento y la intervención de sus abogados, pactan las medidas que, en el futuro, regularán su nueva situación.Estos acuerdos quedan reflejados en un documento que se llama Convenio Regulador que se presentará en el Juzgado para su aprobación, junto con la demanda de separación o divorcio de mutuo acuerdo, que se ratificará en el Juzgado.En el Procedimiento Contencioso, cuando las partes no alcanzan un acuerdo de separación o divorcio, será necesario acudir al Tribunal para fijar las medidas derivadas de la declaración de separación o divorcio en función de las peticiones y la prueba que se lleve a cabo. Una vez interpuesta la demanda se abrirá un procedimiento con celebración de vista.
  • Si, en los procedimientos de familia es obligatorio acudir asistido por abogado y representado por Procurador. Incluso en el mutuo acuerdo.

Reclamaciones de cantidad

Según el artículo 1964 del Código Civil, se establece que el plazo general de prescripción de las deudas contraídas es de 5 años. Sin embargo, existen diferentes periodos de prescripción en función de la naturaleza de la deuda.

Las deudas más frecuentes y sus plazos de prescripción son:

  • Deudas hipotecarias: 20 años.
  • Deudas con la Seguridad Social y Hacienda: 4 años.
  • Deudas por impago de alquiler, impagos de pensión de alimentos o pagos en períodos inferiores al año: 5 años.
  • Deudas por impago de suministros (telefonía, agua, etc.): 3 años.
  • Acción de recobrar la posesión o las reclamaciones por culpa extracontractual por el artículo 1902 del Código Civil: 1 año.

Antes de iniciar un procedimiento judicial por reclamaciones de cantidad es aconsejable llegar a un acuerdo por vía extrajudicial o amistosa con el deudor. Si finalmente no se consigue llegar a un acuerdo, será necesario acudir a la vía judicial.

En este caso, existen diferentes procedimientos judiciales y será el letrado quién opte por un procedimiento u otro dependiendo de la deuda contraída.

Una deuda puede ser reclamada a través de varias vías: juicio ordinario o verbal, proceso monitorio o proceso cambiario.

  • Juicio verbal: si la cuantía es menor a 6.000€.
  • Juicio ordinario: si la cuantía es superior a 6.000€.
  • Procedimiento monitorio: si el demandado no contesta en el plazo establecido (20 días hábiles), directamente se dicta un auto por el cual se condena al mismo al pago de la deuda reclamada sin necesidad de vista oral.
  • Proceso cambiario: demanda para la reclamación de cantidades relacionadas con cheques y pagarés impagados o devueltos.

El certificado de últimas voluntades es un documento que acredita si la persona fallecida ha otorgado testamento o no y ante qué notario se firmó. Cuando una persona fallece, lo primero que hay que hacer es solicitar el certificado de últimas voluntades. Con este certificado, puedes acudir a la notaría correspondiente y pedir una copia del testamento.

Se trata de un documento complementario al testamento.

A través del Juzgado de Primera Instancia de la localidad del deudor se entrega la demanda al deudor, que dispone de 20 días hábiles para realizar el pago o para contestar a la demanda.

  • Si el deudor paga la deuda en el plazo establecido y contesta allanándose a la demanda, se dictaría sentencia condenando al demandado.
  • Si el deudor paga la deuda en el plazo establecido, pero no avisa al Juzgado de ello, estaría en rebeldía y el procedimiento sigue su curso hasta la sentencia.
  • Si el deudor no paga la deuda, sigue la vía judicial hasta dictarse la sentencia pertinente.

Aunque la media para resolver un proceso judicial por demanda instada en reclamación de cantidad es de aproximadamente 10 meses, se trata de una fecha orientativa ya que depende del Juzgado donde se insta la demanda correspondiente.

Herencias

  • Hijos o descendientes.
  • Cónyuge viudo o miembro superviviente.
  • Ascendientes.
  • Colaterales hasta 4º grado de consanguinidad.
  • El testamento es un documento mediante el cual una persona expresa su voluntad respecto al destino de sus bienes y su patrimonio en el momento de su fallecimiento. El testamento facilita el reparto de los bienes entre los herederos y se realiza ante notario.El certificado de últimas voluntades es un documento que acredita si la persona fallecida ha otorgado testamento o no y ante qué notario se firmó. Cuando una persona fallece, lo primero que hay que hacer es solicitar el certificado de últimas voluntades. Con este certificado, puedes acudir a la notaría correspondiente y pedir una copia del testamento.Se trata de un documento complementario al testamento.

En el País Vasco se puede renunciar a los derechos sucesorios de una herencia o de parte de ella, aún antes del fallecimiento de una persona, mediante pacto sucesorio entre ambas partes.

Con la entrada en vigor de la nueva Ley, los residentes de cualquiera de los territorios del País Vasco pueden con entera libertad y sin necesidad de una justificación desheredar a un hijo/a, siempre que existan otros descendientes.

Sin embargo, no es posible desheredar a todos y cada uno de los descendientes.

Desahucios

Debido a la cantidad de factores que pueden darse en un proceso de desahucio, es posible que su duración se alargue más de lo esperado. Un proceso de desahucio puede tardar de media unos 6 meses, pero en muchas ocasiones el proceso tarda más.

Las deudas más frecuentes y sus plazos de prescripción son:

    • Deudas hipotecarias: 20 años.
    • Deudas con la Seguridad Social y Hacienda: 4 años.
    • Deudas por impago de alquiler, impagos de pensión de alimentos o pagos en períodos inferiores al año: 5 años.
    • Deudas por impago de suministros (telefonía, agua, etc.): 3 años.
    • Acción de recobrar la posesión o las reclamaciones por culpa extracontractual por el artículo 1902 del Código Civil: 1 año.

El inquilino tiene el derecho a enervar el desahucio si, en el plazo de 10 días desde que recibe la demanda del Juzgado, paga todas sus deudas. La enervación es una oportunidad excepcional que permite al inquilino poner fin al procedimiento judicial de desahucio, continuar con su contrato de arrendamiento y evitar el desahucio de la vivienda.

El arrendatario podrá usar el derecho a enervar el desahucio sólo una vez a lo largo de la duración del arrendamiento, es decir, si el inquilino ha enervado el desahucio anteriormente, no podrá aplicarlo una segunda vez.

La enervación de la acción de desahucio viene recogida en el artículo 22.4 de la Ley de Enjuiciamiento civil.

La responsabilidad extracontractual es aquella que nace de una relación jurídica entre dos personas que no se encuentran previamente unidas por un vínculo contractual o, de existir, que el daño no pueda derivarse del incumplimiento de cláusulas del contrato.

Se trata de un tipo de responsabilidad civil que obliga a reparar el daño y perjuicio causado por culpa o negligencia y en el que la parte afectada debe probar la relación causal entre la acción y los daños sufridos. Algunos de los hechos que la generan pueden ser:

  • Accidentes de tráfico.
  • Accidentes en locales comerciales.
  • Situaciones de peligro o riesgo como daños estructurales a un inmueble causados por una construcción en el terreno lindero o emanaciones.
  • Actos que vulneran la libre competencia.
  • Daños que sufre un inquilino por deficiencias en el edificio comunitario.

DERECHO PENAL

Existen dos normas que regulan el Derecho Penal:

  • El Código Penal: es el conjunto de normas jurídicas que recoge las penas que se deben aplicar cuando una persona comete un delito. Estas penas pueden variar en función del delito y puede ser desde el pago de una multa hasta pasar un tiempo en prisión.
  • La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC): es el conjunto de normas legales que regulan las actuaciones judiciales relativas a cualquier proceso penal.

Un abogado penalista es aquella persona que se ha especializado en Derecho Penal y desarrolla su labor ante los juzgados y tribunales de lo penal.

Asesora a sus clientes en los procedimientos penales tras la comisión de un delito, define las estrategias de defensa en caso de que una persona sea citada por la policía o el juzgado o se vea inmensa en un procedimiento penal.

El Derecho Penal tiene como objetivo mantener las buenas relaciones entre la sociedad, aplicando unos procedimientos y normas impuestas por la autoridad para proteger la paz social.

Se trata de proveer un castigo a las personas que han cometido un delito en algún momento de su vida para reconsiderar su conducta y prepararla para su posterior reingreso a la sociedad. El Derecho Penal persigue prohibir y sancionar las acciones que lesionen y pongan en peligro cualquier bien jurídico.

Delitos contra la seguridad vial

Muchos conductores tienen dudas con respecto a cuál es la tasa de alcohol permitida por la Dirección General de Tráfico (DGT). La tasa de alcohol considerada como delito es:

  • En aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro.
  • En sangre superior a 1,2 gramos por litro.

Todas las personas que conducen un vehículo están obligadas a someterse a las pruebas de detección de alcoholemia siempre que sea requerido por un agente de la autoridad. De lo contrario, se incurre en un delito de negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia.

En caso de existir algún impedimento físico para realizar dicha prueba o si una persona no está conforme con el resultado obtenido, es posible solicitar una prueba de análisis de sangre para demostrar si existe ingesta alcohólica en cantidad superior a 1,2 gramos por litro de sangre.

Delitos económicos

Aunque el hurto y el robo implican la sustracción de forma delictiva de un bien ajeno, jurídicamente son dos términos distintos. La diferencia principal entre ambos conceptos es la forma en la que se produce el apoderamiento.

  • Delito de hurto: cuando el acto de apoderamiento se produce sin emplear la fuerza y no existe ningún tipo de violencia o intimidación.
  • Delito de robo: cuando el apoderamiento se produce empleando la violencia, la fuerza o la intimidación en las personas.

La pena de los delitos por robo es superior a la pena de los delitos por hurto.

El robo es un delito que consiste en el apoderamiento de un bien ajeno de forma fraudulenta empleando la fuerza, la violencia o la intimidación a una persona. Este es considerado un delito patrimonial, debido a que afecta al patrimonio que es un bien jurídico.

Los delitos por robo están tipificados en los artículos 237 al 242 del Código Penal.

Los delitos de estafa están regulados en los artículos 248 a 251 bis del Código Penal.

Para la fijación de la pena se debe tener en cuenta la cuantía defraudada, los medios empleados para cometer el delito de estafa, el daño económico causado a la persona perjudicada y otras circunstancias que ayuden a valorar la gravedad de la estafa.

  • Los reos de estafa tienen una pena de prisión de seis meses a tres años.
  • Si la cuantía de lo defraudado no excede de 400 euros se impone la pena de multa de uno a tres meses.
  • En el caso de delitos de estafa graves, las penas de prisión pueden ser de uno a seis años y multa de seis a doce meses.

DERECHO MERCANTIL

Un abogado mercantil es un abogado especializado en la constitución, modificación y/o liquidación de empresas desde el punto de vista jurídico.

Un abogado mercantil se encarga de hacer cumplir con la legislación en la constitución de una empresa, ampliación o modificación estatutaria, así como la liquidación de una empresa.

Además, los abogados especializados de JP desarrollan un servicio completo de asesoramiento mercantil en el proceso jurídico societario, así como en consejos de administración y juntas generales de accionistas.

Puedes necesitar contactar con un abogado mercantil de ABRA3 Abogados en la constitución de una nueva empresa, resolución de conflictos entre socios, liquidación, derecho de la competencia, así como en cualquier procedimiento jurídico societario.

Un abogado especializado en derecho mercantil se encarga de mediar en un proceso de solución positiva de conflictos. La mediación es totalmente confidencial, neutral e imparcial.

El abogado mercantilista se encarga de defender las voluntades de sus clientes, comunicarse con el resto de socios o administradores y alcanzar acuerdos.

En el mercado libre el precio se ajusta según la oferta y la demanda y no puede ser acordado ni, por un lado, es decir, las empresas que ofertan un producto o servicio, ni por el otro, es decir los consumidores. Este derecho comprueba si hay libre competencia o existe competencia desleal.

El derecho de la competencia regula las normas de ejercicio del comercio, el régimen de los monopolios, las sanciones pertinentes, así como los ilícitos cometidos en el mercado. Esto puede ser denunciado y pueden derivar en un delito.

PREGUNTAS GENERICAS

Cuando uno se pregunta que cuesta gestionar un asunto legal. La respuesta es que los honorarios profesionales dependen del grado de complejidad y dedicación de cada asunto, de modo que no son necesariamente elevados. Su importe es, sencillamente, el que libremente pactas entre el abogado y tú. Lo que debes de hacer de antemano es solicitar un presupuesto y plantear abiertamente todas tus dudas. Esto es, sin duda, la mejor opción.

Tienes que pensar que cuando vas a un abogado, es lo mismo que si vas a un médico o a cualquier otro profesional especializado. Las consultas tienen un precio, desde lo más básico, como solventar dudas, hasta otros asuntos más complejos en los que se requiere más tiempo por parte del profesional para solucionar el servicio jurídico solicitado.

El abogado es un profesional del derecho que se encarga de la defensa de una persona para preservar sus derechos e intereses frente a otras personas o entidades. Interviene en los juicios y se encarga de asesorar a sus clientes.

El procurador es el profesional licenciado en derecho y especializado en el procedimiento procesal. Se encarga de toda la documentación, recibe las comunicaciones y notificaciones del Juzgado y ayuda a agilizar los procesos judiciales.

Un juicio verbal es aquel que se celebra cuando la cuantía de lo que se litiga o reclama es inferior a 6.000 euros. Se encuentra regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Se trata de un proceso más ágil que se divide en las siguientes fases:

  • Demanda
  • Emplazamiento al demandado para la contestación
  • Citación a la vista
  • Vista
  • Sentencia

En la mayoría de los procedimientos judiciales es necesario contar con la asistencia de un abogado y un procurador.

Sin embargo, existen determinados casos en los que solo es necesario contar con los servicios de un abogado. Esto dependerá de las distintas ramas o jurisdicciones del derecho: civil, penal, laboral y administrativa.

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